LA PAZ, Baja California Sur, 25 de febrero.- Un joven que estuvo preso por un año y medio acusado de un homicidio que no cometió, demandó al gobierno de Baja California Sur por el daño moral, psicológico y patrimonial que causó a su familia el juicio, buscando sentar un precedente para casos similares.
Daniel Sánchez Ávila, de 29 años, fue detenido por agentes de la policía ministerial de Baja California Sur cuando salía de su casa. Los elementos, que se trasladaban en un auto sin insignias oficiales y sin llevar consigo una orden de aprehensión, sometieron a golpes al joven mientras lo insultaban y le gritaban: “¡Tú fuiste!”.
Aunque Daniel creía que todo era un mal entendido, el 4 de septiembre de 2012 comenzó una pesadilla de la cual ni él ni su familia han podido recuperarse, afirmó el joven en entrevista con Grupo Imagen Multimedia.
Cuando el joven fue trasladado a las oficinas de la fiscalía local, se le informó el motivo de su detención. Lo iban a acusar de cuatro cargos: uno de homicidio calificado con premeditación y alevosía y tres más de homicidio calificado en grado de tentativa con premeditación y alevosía.
Su error fue haber estado dos años antes festejando su cumpleaños en un bar en plena “zona dorada” del Malecón de La Paz, donde un hombre armado disparó contra varios jóvenes, matando a uno de ellos y dejando heridos a otros tres.
La noche del crimen, el 4 de marzo de 2010, el joven abogado Jonathan Hernández Ascencio, de 25 años de edad, se encontraba en compañía de uno de sus hermanos, Daniel Hernández Ascencio, y de un amigo, Héctor Hernández Ceseña.
El bar Las Micheladas era popular entre la juventud de la capital de Baja California Sur. Más de 100 personas acudían al lugar por su espectacular vista al mar, sus promociones en bebidas y para ver los partidos de futbol que se transmitían en sus pantallas gigantes.
La noche del asesinato fue la última que operó. Al calor de las copas, Jonathan Hernández tuvo una discusión con otros jóvenes, uno de los cuales sacó una pistola y le disparó a él y a su grupo de amigos.
Aunque Jonathan murió debido al ataque, los sobrevivientes al ser interrogados dentro de un hospital por policías ministeriales, se negaron a identificar a quienes los habían atacado y se resumieron a decir que “no habían visto nada”.
Sin embargo, los heridos horas después decidieron hablar y acusaron que Emilio González Rubio Ojeda, un sobrino del entonces procurador del estado, Fernando González Rubio y tres de sus amigos —Carlos Alejandro Castro, Alonso Jaziel Soto Murillo y Gary Gaines Hidalgo—, habían sido los que causaron la discusión, señalando al último como el autor material del ataque a balazos.
Aunque los agentes ministeriales detuvieron a los jóvenes, en menos de 24 horas los dejaron libres y Gaines viajó de inmediato a Tijuana. Su doble nacionalidad le permitió cruzar la frontera para refugiarse en Utah.
La familia Hernández Ascencio comenzó una serie de protestas, exigiéndole al entonces gobernador Narciso Agúndez Montaño, que detuviera a los juniors sin importar si eran familiares de funcionarios estatales.
No únicamente Emilio Gónzalez Rúbio Ojeda tenía vínculo con la clase política local, Carlos Alejandro Castro es sobrino de Víctor Castro Cosío, expresidente municipal de La Paz y en ese entonces diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Ante el temor de que una manifestación empañara su informe de gobierno, el gobernador de extracción perredista destituyó al procurador a 72 horas de cometido el crimen y ordenó crear una fiscalía especial para investigar el caso.
Gaines fue detenido en Utah, donde comenzó un juicio de extradición en su contra, mientras que sus tres amigos fueron detenidos en La Paz.
